Petro defiende a los ilegales y desata una crisis diplomática con Estados Unidos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, generó una nueva polémica al prohibir la entrada de aviones estadounidenses con deportados a Colombia. Alegando un supuesto maltrato hacia los migrantes, Petro exigió la creación de un "protocolo de tratamiento digno". Según el mandatario, "los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes".
Esta postura refleja una vez más su afinidad ideológica con la izquierda global, que busca victimizar a los ilegales sin asumir las consecuencias de su accionar.
Esta medida unilateral no tardó en provocar una dura reacción de Estados Unidos, liderado por Donald Trump. El presidente norteamericano anunció represalias inmediatas: un arancel del 25% a todos los productos colombianos, la suspensión de visas para funcionarios del gobierno de Petro y controles más estrictos en aduanas. Además, advirtió que los aranceles podrían duplicarse si Colombia no da marcha atrás en su postura.
La decisión de Petro también impacta directamente en las relaciones comerciales entre ambos países, amenazando miles de empleos vinculados a las exportaciones colombianas. Sin embargo, lejos de buscar un diálogo constructivo, Petro insiste en su narrativa victimista, ignorando los costos económicos y diplomáticos que sus decisiones podrían acarrear para su nación.
Analistas internacionales señalan que esta actitud no es nueva en Petro, quien ha demostrado una constante intención de confrontar a países aliados en lugar de resolver problemas internos, como la inseguridad, la inflación y el desempleo que afectan a los colombianos. Esta situación pone de manifiesto la incapacidad del gobierno de Petro para actuar en beneficio de su población, privilegiando ideologías antes que soluciones concretas.
Mientras tanto, el pueblo colombiano paga el precio de una política exterior que prioriza el enfrentamiento y el populismo, en lugar de construir alianzas sólidas que beneficien al país. Con esta nueva controversia, Petro vuelve a mostrar que su interés no está en el bienestar de los colombianos, sino en defender a quienes actúan fuera de la ley.