La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que las armas incautadas a organizaciones delictivas ya no serán almacenadas ni destruidas, sino que serán entregadas a las Fuerzas Federales de Seguridad para reforzar su lucha contra el crimen.

Esta medida, implementada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 103/2025, busca optimizar los recursos del Estado y fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

Según el decreto, las armas decomisadas que se encuentren en condiciones adecuadas serán remitidas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Una vez allí, se determinará su destino, pudiendo ser reutilizadas por las fuerzas de seguridad o, en caso contrario, destruidas. Esta disposición modifica la Ley N° 25.938, que anteriormente establecía la destrucción obligatoria de las armas decomisadas.

La ministra Bullrich destacó que esta iniciativa eliminará gastos innecesarios y optimizará los recursos del Estado, permitiendo que las armas que antes estaban en manos de los delincuentes ahora sirvan para enfrentarlos. Además, se implementarán mecanismos estrictos de trazabilidad para garantizar el control del armamento y prevenir su malversación o extravío.

Esta medida se enmarca en una serie de acciones del gobierno para fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen organizado. Recientemente, el gobierno anunció la detención de un presunto terrorista vinculado al Estado Islámico, lo que refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional.

La reutilización de armas incautadas también se alinea con esfuerzos para reducir la violencia y el narcotráfico en el país. Según informes, las acciones de seguridad lideradas por la ministra Bullrich han contribuido a una disminución significativa en los envíos de cocaína y en la violencia asociada a las bandas criminales.

Con esta medida, el gobierno argentino reafirma su compromiso con la seguridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, buscando fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el crimen y el terrorismo.