El gobierno de Javier Milei avanza con un ambicioso proyecto de reforma migratoria que promete cambiar drásticamente el sistema actual. La iniciativa, que busca ser aprobada antes de que finalice 2025, incluye la implementación de aranceles en salud y educación para extranjeros no residentes, una aceleración en la deportación de inmigrantes con antecedentes delictivos, requisitos más estrictos para la radicación y un refuerzo en los controles fronterizos.

El presidente Milei incluyó esta reforma dentro del paquete de medidas anunciadas en la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso. Según fuentes del Ministerio de Justicia, el ministro Mariano Cúneo Libarona ya trabaja en la redacción de la nueva normativa, que pretende actualizar la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2003 y modificada en 2010.

Arancelamiento de servicios: salud y educación en la mira

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es el establecimiento de un esquema de arancelamiento en los servicios de salud y educación para los extranjeros no residentes. En varias provincias, como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, ya se han implementado medidas similares con resultados positivos. En Salta, por ejemplo, la aplicación de un sistema de cobro en hospitales permitió un ahorro fiscal de $60 millones en una sola institución.

El gobierno sostiene que este modelo es necesario para reducir el impacto económico del acceso gratuito a servicios estatales por parte de extranjeros que no contribuyen al sistema. En el caso de las universidades, el debate es aún más complejo. Milei ha manifestado su postura a favor del cobro de matrículas a estudiantes que no sean residentes permanentes, aunque la decisión final quedará en manos del Congreso. Desde el Ejecutivo, sin embargo, no descartan avanzar con un decreto en caso de que la iniciativa enfrente obstáculos legislativos.

Expulsiones más rápidas para inmigrantes con antecedentes delictivos

Otro de los puntos clave del proyecto es la aceleración en los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos en el país o sean sorprendidos en flagrancia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que se ampliará la lista de delitos que ameritan la expulsión inmediata.

Además, el gobierno busca establecer un criterio más estricto en el ingreso de extranjeros al país. Aquellos que presenten documentación falsa o cuya declaración de intenciones no coincida con su propósito real podrán ser rechazados en la frontera. La iniciativa podría también modificar o eliminar el Artículo 6 de la Ley 25.871, que actualmente garantiza el acceso igualitario de los inmigrantes a salud, educación, justicia y seguridad social.

Refuerzo en los controles fronterizos

El plan también contempla una modernización y fortalecimiento de los controles fronterizos con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, con el objetivo de frenar el ingreso ilegal de personas y combatir el narcotráfico y el contrabando. Para ello, se prevé la instalación de nuevos radares y la mejora en la infraestructura de los pasos fronterizos.

Según trascendió, la administración de Milei se ha inspirado en algunas políticas migratorias aplicadas por Donald Trump en Estados Unidos, particularmente aquellas relacionadas con el control fronterizo y la deportación de inmigrantes con antecedentes penales.

Un debate que promete tensiones

La nueva política migratoria propuesta por el gobierno ya genera debate en diversos sectores. Organismos de derechos humanos y asociaciones de inmigrantes han expresado su preocupación por el endurecimiento de las medidas, mientras que desde el oficialismo argumentan que la reforma busca priorizar los recursos del Estado para los ciudadanos argentinos y garantizar mayor seguridad en el país.

Con el Congreso como escenario principal, el debate sobre esta nueva ley migratoria promete ser uno de los más intensos de los próximos meses. Resta ver cuáles de estas medidas logran ser aprobadas y cuáles podrían enfrentar resistencia tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.