El gobierno de Javier Milei ha decidido revocar la cesión de más de 25,000 hectáreas en Mendoza a comunidades mapuches, una medida implementada por la administración anterior. Esta decisión afecta predios en San Rafael y Malargüe, áreas reconocidas por su potencial minero.

En enero de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), bajo la dirección de Alejandro Marmoni, otorgó tierras a comunidades que se autodenominaban mapuches. Estas comunidades, como Lof El Sosneado en San Rafael y Suyai Leufu en Malargüe, recibieron tierras sin la intervención de la provincia de Mendoza, lo que generó controversia y oposición local.

La reacción de la provincia

La provincia de Mendoza, liderada por el gobernador Rodolfo Suárez, expresó su desacuerdo con la cesión, argumentando que se vulneraron derechos provinciales y que no se consultó adecuadamente al gobierno local. Se destacó la falta de participación provincial en el proceso y se cuestionó el incumplimiento de la Ley Nacional 26160, que establece la necesidad de consultar a los estados provinciales en estos casos.

Ante la falta de respuestas del INAI, Mendoza recurrió a la Corte Suprema de Justicia solicitando la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones que otorgaron tierras a las comunidades mapuches.

Decisión del gobierno actual

El gobierno de Javier Milei, a través del INAI dirigido por Claudio Avruj, ha revocado las cesiones de tierras, reconociendo que cualquier decisión futura deberá contar con la participación del gobierno de Mendoza. Esta medida se formalizó mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, que dejaron sin efecto el reconocimiento de la ocupación de las comunidades Lof El Sosneado y Suyai Leufu.

Repercusiones y perspectivas

La anulación de estas cesiones ha sido celebrada por las autoridades provinciales, quienes destacan la importancia de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial. La vicegobernadora Hebe Casado enfatizó que este fallo reafirma principios fundamentales y que no se permitirán decisiones arbitrarias que vulneren estos derechos.

Esta decisión marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno nacional y la provincia de Mendoza, especialmente en lo que respecta a la gestión de tierras con potencial minero y la participación provincial en decisiones que afectan su territorio. Se espera que en las próximas semanas se definan los pasos a seguir en el proceso judicial y administrativo relacionado con la cesión de tierras en Mendoza.