Llaryora enfrenta críticas por aumento del Inmobiliario: Intendentes y productores exigen revisión
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se encuentra en el centro de una creciente controversia tras la reciente aprobación de incrementos en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural.
Mientras se encuentra en una gira oficial por Arabia Saudita, sus ministros políticos han intensificado esfuerzos para obtener el respaldo de los intendentes del interior provincial, con el fin de contrarrestar las críticas y resistir intentos de revertir los aumentos.
La Comunidad Regional de Tercero Arriba, que agrupa a los intendentes del departamento homónimo, fue la primera en manifestar su apoyo al incremento de los impuestos provinciales. En un comunicado, los jefes comunales advirtieron a los legisladores de todos los bloques que cualquier modificación en la política impositiva debe ser consultada previamente con los intendentes, ya que tales cambios impactan directamente en las finanzas municipales.
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo entre diversos sectores. La Sociedad Rural de Río Cuarto, una de las entidades agropecuarias más influyentes de la provincia, ha expresado su descontento, calificando el aumento como un "impuestazo". Productores agropecuarios han señalado que los incrementos en el Inmobiliario Rural oscilan entre el 202% y el 240%, cifras que consideran desproporcionadas y perjudiciales para la actividad productiva.
En respuesta, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, ha desmentido estas cifras, asegurando que el gobernador se comprometió a que el aumento no superaría el 172,5%. Además, anunció medidas de alivio impositivo para los productores que demuestren dificultades para abonar los impuestos.
Por su parte, la oposición política, representada principalmente por la Unión Cívica Radical (UCR), ha intensificado sus críticas. El diputado nacional Rodrigo de Loredo calificó el aumento como "el mayor incremento impositivo de la historia democrática de Córdoba", señalando que en 25 años, ni en los tres períodos de José Manuel de la Sota ni en los de Juan Schiaretti se habían implementado aumentos de tal magnitud. De Loredo advirtió que este incremento "funde a los comercios y a las pymes, confisca bienes del sector privado y se torna absolutamente impagable".
En este contexto, el gobierno provincial ha buscado el respaldo de los intendentes para resistir las críticas y mantener los aumentos. La estrategia incluye la obtención de apoyo público de los jefes comunales del interior, quienes podrían influir en la postura de los legisladores provinciales respecto a la posible reversión de los incrementos.
No obstante, la oposición continúa presionando para revertir los aumentos. Se prevé que, a mediados de marzo, la iniciativa para retrotraer la suba de impuestos sea presentada nuevamente en la Legislatura provincial, donde la oposición buscará obtener la mayoría necesaria para su aprobación.
Mientras tanto, la Sociedad Rural de Río Cuarto ha reiterado su postura, exigiendo que el aumento del Inmobiliario Rural 2025 no supere el índice de inflación de 2024, que fue del 117,8%, y que se restituya el beneficio del 10% para el pago de la cuota única del Inmobiliario Rural.
La situación se mantiene tensa, con un claro enfrentamiento entre el gobierno provincial, los intendentes oficialistas, la oposición política y los sectores productivos. La resolución de este conflicto dependerá de las negociaciones políticas y de la capacidad del gobierno de Llaryora para equilibrar las necesidades fiscales de la provincia con las demandas de los diversos actores sociales y económicos.