El asesinato de Lucas Aguilar, un joven repartidor de 20 años en Moreno, ha conmocionado a la sociedad argentina y puesto en evidencia las falencias de las políticas progresistas en seguridad.

Aguilar perdió la vida al intentar defender a un vendedor ambulante durante un asalto, un acto de valentía que le costó la vida.

La reacción de la comunidad fue inmediata. Vecinos y compañeros de trabajo de la víctima se congregaron frente al edificio municipal, exigiendo justicia y medidas concretas para combatir la inseguridad en la zona. La protesta, que comenzó de manera pacífica, escaló en violencia cuando algunos manifestantes arrojaron piedras contra la municipalidad y destrozaron patrulleros, lo que resultó en la detención de 19 personas.

En medio de este clima de tensión, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por el crimen y prometer esfuerzos continuos para mejorar la seguridad. Sin embargo, sus palabras fueron percibidas por muchos como insuficientes y carentes de acciones concretas. Kicillof también dirigió una carta al presidente Javier Milei, acusándolo de "hacer marketing con el dolor y la tragedia" y reclamando la devolución de 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad que, según él, el gobierno nacional había "apropiado ilegalmente".

Por su parte, el presidente Javier Milei condenó el crimen y destacó la valentía de Lucas Aguilar, anunciando que se le otorgará póstumamente la Condecoración al Valor del Hombre Común. Además, señaló que la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es consecuencia de la "desidia, inoperancia y garantismo" del gobierno provincial.

Este trágico suceso ha reavivado el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos progresistas. La falta de medidas efectivas y la tendencia a priorizar los derechos de los delincuentes sobre la protección de los ciudadanos han generado un clima de inseguridad que afecta a la población. La respuesta de las autoridades provinciales, centrada en acusaciones mutuas y en la búsqueda de culpables, refleja una falta de compromiso real con la seguridad de los bonaerenses.

La situación en Moreno es un claro ejemplo de cómo las políticas progresistas, enfocadas en el garantismo y en la protección de los derechos de los delincuentes, han fracasado en garantizar la seguridad de los ciudadanos. La falta de acción contundente y la tendencia a minimizar la gravedad de los hechos han contribuido a la creciente ola de inseguridad que azota a la provincia.

Es imperativo que las autoridades provinciales y nacionales asuman la responsabilidad de sus acciones y adopten medidas efectivas para combatir la inseguridad. La protección de la vida y la integridad de los ciudadanos debe ser la prioridad, y para ello es necesario implementar políticas de seguridad que se centren en la prevención del delito y en la sanción efectiva de los delincuentes.

La tragedia de Lucas Aguilar no puede quedar en el olvido. Es un llamado de atención para que los gobiernos dejen de lado las ideologías que han demostrado ser ineficaces y adopten enfoques más realistas y efectivos en materia de seguridad. La sociedad argentina merece vivir en un entorno seguro, donde la justicia y el orden prevalezcan sobre la impunidad y el caos.