El brutal asesinato de Kim Gómez, una nena de 7 años que fue atacada por dos menores en la provincia de Buenos Aires, sacudió a la sociedad argentina y reavivó un debate que la política parece no querer saldar: la baja en la edad de imputabilidad.

Mientras el gobierno de Javier Milei presentó un proyecto para que los menores de 13 años puedan ser juzgados como adultos en delitos graves, el peronismo duro, con Axel Kicillof a la cabeza, se niega a tratar la reforma y sigue defendiendo un sistema que garantiza la impunidad de los delincuentes juveniles.

La indignación creció aún más cuando Gabriel Bornoroni, diputado nacional por La Libertad Avanza, salió a expresar en su cuenta de X el sentimiento de miles de argentinos.

Kicillof: entre excusas y desidia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha sido uno de los principales opositores a la baja de la edad de imputabilidad y se resiste a tomar medidas concretas contra la inseguridad en la provincia que gobierna. Argumenta que la seguridad es un problema estructural y que "las estadísticas muestran una reducción de los delitos prevenibles" desde 2019. Sin embargo, los bonaerenses conviven a diario con el miedo, los robos violentos y crímenes como el de Kim Gómez, que demuestran lo contrario.

Para Kicillof, la inseguridad parece ser un problema de agenda política más que una urgencia social. Su postura de negación frente a la crisis delictiva en la provincia se suma a su negativa a cooperar con el gobierno nacional en iniciativas que buscan fortalecer la seguridad. No solo se opone a la baja de imputabilidad, sino que tampoco ha mostrado voluntad de reforzar la policía bonaerense o endurecer penas para reincidentes.

El crimen que expuso la hipocresía de la "casta"

El asesinato de Kim Gómez dejó al descubierto la doble vara con la que algunos sectores políticos manejan la seguridad en Argentina. Mientras el oficialismo intenta cambiar leyes obsoletas que dejan impunes a menores que cometen delitos atroces, la oposición sigue entrampada en discursos ideológicos que no resuelven el problema real.

El PJ bonaerense y los sectores más duros del kirchnerismo no han dado ninguna respuesta clara sobre cómo evitar que se repitan casos como el de Kim. Prefieren desviar la discusión, argumentando que se necesita más "contención social" en lugar de endurecer las penas. Pero la realidad es que la falta de decisión política está permitiendo que asesinos caminen libres por las calles.

Diputados y senadores de la oposición también han quedado expuestos. Si bien critican la inseguridad, no han hecho nada concreto para impulsar el debate en el Congreso. Mientras Milei y su equipo empujan reformas profundas, el resto de la política sigue mirando para otro lado.

El reclamo social por justicia

La indignación por el caso de Kim Gómez no es solo una cuestión política, sino una exigencia real de la sociedad argentina, que ya no tolera la impunidad. Miles de personas se han expresado en redes sociales y en medios de comunicación pidiendo que se apruebe de una vez la reforma de imputabilidad y que los menores de 13 años que cometan crímenes sean juzgados con el peso de la ley.

El gobierno nacional, lejos de ceder ante las trabas impuestas por la oposición, sigue firme en su postura: la seguridad no puede seguir siendo un tema postergado. "No podemos permitir que los delincuentes menores de edad sigan matando y quedando impunes", afirmó un funcionario cercano a Milei, marcando la línea del Ejecutivo en esta discusión.

Conclusión: ¿Hasta cuándo?

La muerte de Kim Gómez es un recordatorio de lo que pasa cuando la política decide mirar para otro lado. La negativa de Kicillof a tomar medidas concretas y la falta de voluntad de gran parte del Congreso para aprobar la baja de imputabilidad dejan a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad extrema.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántas vidas más se necesitan perder para que la política reaccione? Mientras el gobierno de Javier Milei sigue insistiendo en que es momento de un cambio real en la seguridad, la casta y sus aliados se aferran a un sistema que protege a los delincuentes en lugar de a las víctimas.

La sociedad ya no acepta excusas. Es hora de que la política escuche el reclamo de los argentinos y actúe en consecuencia.