La administración de Axel Kicillof vuelve a estar en el centro de la polémica por el manejo discrecional de los fondos públicos. En esta ocasión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aprobó la compra de 350 carros para cartoneros por un monto de $342.857.780, lo que equivale a un escandaloso costo de casi un millón de pesos por unidad.

Lo más grave del asunto es que la adquisición se realizará mediante una contratación directa, sin licitación, lo que abre la puerta a serias dudas sobre la transparencia y justificación de semejante gasto.

Un gasto desmedido y sin justificación

El exorbitante costo de estos carros ha generado indignación tanto en la opinión pública como en sectores políticos y económicos. Diversos especialistas en compras gubernamentales han señalado que no hay una razón técnica que justifique que cada carro tenga un precio de casi un millón de pesos, cuando en el mercado existen opciones considerablemente más accesibles.

Según relevamientos rápidos, un carro de carga similar para cartoneros puede adquirirse en el mercado por cifras que oscilan entre los $150.000 y $250.000. Esto pone en evidencia que el gobierno de Kicillof estaría pagando entre cuatro y seis veces el valor real del producto, sin ofrecer explicaciones claras al respecto.

La modalidad de contratación, en la mira

Otro aspecto alarmante de esta operación es la decisión de realizar la compra mediante contratación directa, es decir, sin un proceso de licitación que permita comparar ofertas y garantizar que se obtenga el mejor precio. La falta de competencia en la adquisición de bienes con fondos públicos es una de las principales fuentes de sospechas sobre posibles irregularidades o favoritismos dentro de la administración provincial.

De hecho, diversas organizaciones que monitorean el uso de los recursos estatales han advertido en reiteradas oportunidades que los procedimientos de contratación directa suelen derivar en sobreprecios injustificados y en acuerdos poco claros con proveedores favorecidos. En este caso, el gobierno provincial aún no ha dado a conocer cuál es la empresa beneficiaria de esta adquisición ni cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar al proveedor.

Prioridades equivocadas: el drama de la provincia

La indignación de los bonaerenses ante este gasto desmedido es comprensible, sobre todo en un contexto donde la provincia enfrenta problemas críticos en áreas clave como salud, educación y seguridad. Mientras que los hospitales sufren la falta de insumos y los docentes reclaman mejores salarios e infraestructura para las escuelas, el gobierno provincial decide destinar cientos de millones de pesos en carros para cartoneros, a precios injustificadamente altos y sin garantizar la transparencia de la operación.

Vecinos de distintos municipios de la provincia han manifestado su preocupación por esta decisión, ya que consideran que el dinero podría haberse destinado a solucionar problemas mucho más urgentes. “Tenemos escuelas sin gas, hospitales colapsados y rutas destrozadas, pero Kicillof decide gastar cientos de millones en carros de cartoneros que podrían haber costado mucho menos. Es una burla”, expresó un vecino de La Plata.

La oposición exige explicaciones

Desde la oposición, distintos referentes han solicitado que el gobernador brinde explicaciones urgentes sobre esta cuestionada compra. Diputados provinciales ya han adelantado que presentarán pedidos de informes para conocer detalles sobre la operación y exigir mayor transparencia en el manejo de los fondos.

Uno de los críticos más vehementes ha sido un legislador de Juntos por el Cambio, quien manifestó: “Esto es un despropósito. No solo estamos hablando de un sobreprecio descarado, sino de una contratación a dedo que despierta todas las sospechas. Vamos a exigir que se revea esta compra y que se rindan cuentas de cada peso gastado”.

Conclusión: una muestra más de la mala administración

El escándalo por la compra de estos carros para cartoneros se suma a una larga lista de decisiones controvertidas en la gestión de Axel Kicillof, quien ha sido criticado en reiteradas oportunidades por el manejo discrecional y poco transparente de los recursos públicos.

Mientras los bonaerenses luchan contra una crisis económica cada vez más profunda y demandan soluciones concretas a problemas estructurales, el gobierno provincial parece enfocado en gastos que, lejos de beneficiar a la población, generan indignación y sospechas.