El Gobierno da de baja a 23 militares condenados por crímenes de lesa humanidad
El Ministerio de Defensa de Argentina, bajo la dirección del ministro Luis Petri, ha dado de baja a 23 militares retirados que cuentan con sentencias firmes por crímenes de lesa humanidad.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, la decisión de cesar a estos oficiales no fue una iniciativa propia, sino que respondía a una orden judicial. "La Justicia nos ordenó darles de baja porque tienen una sentencia firme de lesa humanidad. Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia, eso es todo", expresaron desde la cartera.
— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) January 28, 2025
El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, había solicitado formalmente la baja de estos oficiales, argumentando que "han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad".
Reacciones y críticas desde el ámbito militar
La medida ha sido recibida con rechazo por diversas entidades del ámbito castrense. La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras organizaciones, calificaron la resolución como "inexplicable e infundada" y reclamaron "el cese de estos juicios de venganza".
José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la "decisión administrativa" que dispuso la baja de los militares condenados, señalando que "se les quitan hasta los derechos previsionales a oficiales, la mayoría veinteañeros en los 70 y algunos héroes de la Gesta de Malvinas, reconocidos por los mismos ingleses".
El contexto político y social
La decisión del gobierno de Javier Milei se enmarca en un contexto político y social complejo. Por un lado, se busca dar cumplimiento a las sentencias judiciales y reafirmar el compromiso con los derechos humanos. Por otro, se enfrenta a críticas que interpretan la medida como una acción que profundiza las divisiones sociales y políticas, especialmente en un país con una historia reciente marcada por la polarización y los enfrentamientos ideológicos.
Consideraciones finales
La baja de estos 23 militares condenados por crímenes de lesa humanidad plantea interrogantes sobre la reconciliación nacional y la búsqueda de justicia. Mientras algunos sectores celebran la medida como un paso hacia la reparación histórica, otros la perciben como una acción que reabre heridas del pasado y alimenta la polarización. Es esencial que el gobierno y la sociedad en su conjunto reflexionen sobre las implicancias de esta decisión y trabajen hacia una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos.