En las últimas semanas, las comunidades mapuches Buenuleo y Quemquemtreu, asentadas en Bariloche y Cuesta del Ternero respectivamente, han sido notificadas sobre la inminencia de desalojos forzosos tras el vencimiento de los plazos otorgados para su retiro voluntario.

Estas acciones judiciales, respaldadas por fallos firmes, buscan restablecer el orden legal y proteger los derechos de los propietarios legítimos en la región.​

Contexto y fundamentos legales

La comunidad Quemquemtreu ocupa desde septiembre de 2021 un predio fiscal en Cuesta del Ternero, otorgado para la explotación forestal a Rolando Rocco, quien figura como querellante en la causa. Tras ser notificados el 20 de febrero, se les concedió un plazo de diez días para el retiro voluntario, el cual venció el fin de semana pasado. Por su parte, la lof Buenuleo, asentada al pie del cerro Ventana en Bariloche, extendió su territorio en 2019 a un predio cuyo poseedor es Emilio Friedrich, también querellante. A esta comunidad se le otorgó un plazo de 15 días para el retiro voluntario, que culminó el 5 de marzo. Al no haberse producido el retiro voluntario en ninguno de los casos, la justicia ha ordenado la intervención del Ministerio de Seguridad de Río Negro para ejecutar los desalojos. ​

Proceso judicial y garantías legales

Ambas comunidades fueron condenadas por el delito de usurpación, con penas de prisión en suspenso para sus integrantes. Estas decisiones judiciales fueron ratificadas por el Tribunal de Impugnación Provincial, garantizando que se han agotado todas las instancias legales pertinentes. Es importante destacar que, en el caso de los desalojos que requieren intervención de las fuerzas de seguridad provinciales, se toman medidas adicionales para proteger los derechos de los involucrados, incluyendo la presencia de defensores de menores y organismos vinculados a las infancias, debido a la posible presencia de niños en los predios afectados. ​

La posición del Gobierno y el Estado de derecho

El Gobierno de Río Negro, en cumplimiento de sus funciones, ha respaldado las decisiones judiciales y ha coordinado con las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las órdenes de desalojo. Esta actuación reafirma el compromiso del Estado con el respeto al Estado de derecho y la protección de la propiedad privada, pilares fundamentales de nuestra sociedad. Además, se han implementado medidas para asegurar que los procedimientos se lleven a cabo respetando los derechos humanos y las garantías procesales de todas las personas involucradas.​

Consideraciones sobre la resistencia y el diálogo

Se ha informado que las comunidades afectadas anticipan resistencia a los desalojos y han expresado su preocupación por posibles intervenciones de las fuerzas de seguridad en sus territorios. Sin embargo, es fundamental reconocer que el respeto a las decisiones judiciales y al marco legal vigente es esencial para la convivencia en sociedad. En este sentido, el Gobierno ha manifestado su disposición a entablar un diálogo constructivo con las comunidades mapuches, con el objetivo de abordar sus inquietudes y buscar soluciones que respeten los derechos de todas las partes involucradas.​

Conclusión

Los desalojos en la cordillera de Río Negro representan una reafirmación del Estado de derecho y la protección de la propiedad privada. A través de un proceso judicial transparente y respetuoso de las garantías legales, se busca resolver conflictos territoriales de manera justa y equitativa. El Gobierno, en colaboración con las fuerzas de seguridad y las comunidades afectadas, trabaja para asegurar que estos procedimientos se realicen de manera ordenada y respetuosa, promoviendo el diálogo y la convivencia pacífica en la región.